A las novedades esbozadas en el informe que se elevó al Consejo de Estado el pasado 14 de septiembre, el Ministerio de Justicia ha incluido la petición del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de la necesidad de atajar cualquier tipo de conductas que supongan violencia para la mujer.
"Con su introducción acabamos con la desprotección que ocasionaban determinadas situaciones que no podían ser perseguidas a través de los tipos de amenazas y coacciones", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial adelantada al jueves por la festividad del 12 de octubre.
El nuevo texto también penaliza el matrimonio forzado, con hasta tres años de cárcel, y la divulgación de imágenes o grabaciones íntimas con hasta un año de reclusión.
Esta medida se produce semanas después del escándalo desatado por la difusión de un vídeo íntimo de una concejal socialista de un pueblo de Toledo sin su consentimiento.Otra de las principales modificaciones al texto presentado a mediados de septiembre es la elaboración de un estatuto de las víctimas, sin especificar que delitos incluiría.
"Hasta ahora la víctima era considerada como un elemento de prueba y luego se producía un olvido de la víctima", dijo Ruiz-Gallardón.
Entre los puntos que recogerá el estatuto se incluye el derecho de las víctimas a la protección, a estar acompañadas, a servicios de traducción, y también a personarse como acusación en la causa civil para obtener una indemnización o reclamar gastos, explicó el titular de Justicia.
La reforma en profundidad del Código Penal aún tiene que aprobarse por el Gobierno como proyecto de ley para iniciar su tramitación parlamentaria.
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